Supremo Tribunal de Justicia

Fortalece la coordinación institucional con 

dependencias de seguridad, en el Estado

Presidente del Poder Judicial se reúne con titulares de la Secretaría de Seguridad Pública, Policía Estatal Preventiva y Dirección General de Prevención y Readaptación Social

Redacción | Dimensión

Es indispensable lograr una amplia disposición y coordinación interinstitucional entre las dependencias encargadas de velar la seguridad y administración de justicia, con el fin de fortalecer las exigencias sociales, expresó el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, magistrado Rafael García Rincón, en una reunión de trabajo con el secretario de Seguridad Pública de gobierno del Estado, general Raúl Pinedo Dávila, así como el director de la Policía Estatal Preventiva, Juan Ramón Bachomo Munguía, y el director general de Prevención y Readaptación Social, Guillermo Segura Brenes.

Entre los consensos logrados por las tres dependencias, destacan estrategias conjuntas que se implementarán relacionadas con el traslado de procesados de delitos graves, tanto del Juzgado Penal de Villa de Álvarez, que normalmente están recluidos en el Centro de Readaptación Social de Colima (CERESO), así como en el Juzgado de Armería, que deben ser trasladados desde el centro preventivo de Tecomán.

Al respecto, el presidente precisó algunas acciones que ya se han emprendido tendientes a que en corto plazo solamente los Juzgados Penales aledaños a los Centros de Readaptación Social reciban consignaciones de esos delitos, tomando en cuenta que pertenecen respectivamente al mismo partido judicial y evitar con ello el traslado de procesados.

En la reunión, se planteó también la conveniencia de que algunos jueces penales se trasladen al desahogo de diligencias a los centros penitenciarios y se establecieron coincidencias en torno a la atención de los internos que purgan sanciones penales, debido a la competencia provisional que el Supremo Tribunal de Justicia ha concedido a los jueces penales para la aplicación de la Ley de Ejecución de Sanciones Penales.

Por su parte, el general Pinedo Dávila reconoció la disponibilidad del Poder Judicial para servir mejor a la sociedad y su interés por fortalecer la coordinación con las dependencias involucradas en resguardar la seguridad del Estado.